La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó para este viernes a 14 militares del Ejército colombiano para que respondan por tres delitos relacionados con la muerte de cinco jóvenes, asesinados extrajudicialmente durante el conflicto armado y cuyo caso es conocido como el de los "falsos positivos".

"De acuerdo con la resolución No. 000870-2018, fueron citados dos oficiales, un suboficial y once soldados de las Fuerzas Militares que responderán por los delitos de desaparición forzada, homicidio y concierto para delinquir", manifestó la JEP en un comunicado.

Las cinco víctimas residían en el municipio de Soacha, aledaño a Bogotá, y meses después fueron encontrados sin vida en el municipio de Ocaña (Norte de Santander) vestidos como guerrilleros, por lo que se convirtieron en uno de los casos de ejecuciones extrajudiciales más conocidos en el país.

Los cinco civiles asesinados por los que se realizará la audiencia son Julio César Mesa Vargas, Jader Andrés Palacios Bustamante, Víctor Fernando Gómez Borrero, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez y Diego Alberto Tamayo Garcerá.

Según cifras que el Ministerio de Defensa entregó a la JEP, un total de 2.159 miembros de la fuerza pública del país se han sometido a la justicia para la paz, de los cuales 2.109 son integrantes del Ejército, agregó la información.

La JEP es el organismo de justicia transicional creado por el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

El pasado 23 de julio la JEP abrió su tercer caso de investigación en el que indagará sobre los "falsos positivos" debido a la "la gravedad y magnitud del fenómeno, por su extensión en el territorio nacional" y por "el número y representatividad de los presuntos responsables".

Este proceso llevará ante el tribunal a 1.944 miembros de la fuerza pública que ya han manifestado su voluntad de comparecer ante la JEP, relacionados con 2.586 casos de "falsos positivos".

Ese fue el tercer caso abierto por el organismo de justicia transicional, después de haber comenzado las investigaciones sobre los secuestros perpetrados por las FARC en el caso 001 y la violencia del contra la población mayoritariamente indígena de tres municipios del suroeste del país en el caso 002.

EFE